El próximo martes 10 comenzará en los Tribunales de Comodoro Py el juicio al genocida Jorge Carlos Olivera Róvere. La responsabilidad de juzgarlo volverá a estar en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que, según se ha anunciado, volverá a dejar las audiencias a puertas cerradas, impidiendo el ingreso de los fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación y transformando así una causa del pueblo en secretos de palacio.
La elevación a juicio de Olivera Róvere está enmarcada en la megacausa Primer Cuerpo de Ejército dado que el represor fue en 1976 segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército y jefe de la subzona Capital Fderal, quedando bajo su responsabilidad todos los centros clandestinos de detención que funcionaron allí. En la segunda etapa del juicio, tras la unificación con otro tramo de la megacausa, serán juzgados el general de brigada Teófilo Saa, el teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el general de división Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la subzona Capital.
Jorge Carlos Olivera Róvere, de 82 años, será enjuiciado por cuatro homicidios y 120 casos de privación ilegal de la libertad y algunos de aplicación de tormentos. Está imputado por la privación ilegal de la libertad y homicidio de Raúl Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Alen Whitelaw, todos dirigentes uruguayos. En este juicio, también se juzgará la desaparición del periodista y escritor Haroldo Conti.
El represor Olivera Róvere actualmente está excarcelado y con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Como querellante en este juicio, Justicia YA! denunció esta condición de privilegio de la que goza el genocida y presentó hoy un escrito ante el Tribunal exigiendo que sea trasladado a una cárcel común.
Justicia YA! convoca a todas las organizaciones y medios de prensa a estar presentes en los Tribunales de comodoro Py 2002 a las 9 horas para exigir la difusión del proceso judicial que se inicia ese día y garantizar que realmente sea un juicio oral y público.
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