Se cumplen hoy tres años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Julio fue uno de los miles y miles de luchadores populares que la dictadura desapareció. Sobrevivió y, rompiendo el mandato de silencio que los represores quisieron imponer a sus víctimas, ofreció su testimonio para terminar con la impunidad de los genocidas. Declaró en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y fue secuestrado el mismo día en que los abogados de Justicia YA! debían alegar en su nombre pidiendo que se condene a este asesino a cadena perpetua por el delito de genocidio.
La desaparición de Julio es la demostración más brutal de la impunidad que sigue recorriendo la Argentina. Constituye en sí misma una amenaza a todos los testigos y querellantes en los juicios contra los genocidas, pero también a todos los luchadores populares.
La causa judicial por su desaparición es una muestra descarada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento con las que actúan el poder judicial, el poder político y las fuerzas de seguridad en nuestro país.
Luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro. Un año para que la Procuración designara personal para la causa. Un año y medio para apartar a la Policía Bonaerense de la investigación. Dos años para que el expediente pase a una Secretaría especial para delitos de lesa humanidad y se siguieran las líneas de investigación que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares.
Así fue que en enero de este año se encontró el auto de un comisario del entorno de Etchecolatz, en el que Julio López habría sido trasladado. Y justamente, en ese momento en el que empezaban a aparecer algunas pistas que dieran con los culpables del secuestro la causa inicia un derrotero sin destino.
Súbitamente el juez Corazza se declaró incompetente, la causa pasó a manos del juez Blanco quien el mismo día la sacó de la Secretaría Especial, argumentando que quería dirigir la investigación personalmente. Pero…….. pocos días después cambió de idea y decidió que quien debía investigar era el fiscal Franco. Pero el fiscal Franco tampoco quería investigar y entonces apeló a la Cámara Federal. La Cámara se la devuelve al juez Blanco, que ya había dicho que no la quería. Después de nueve meses de idas y venidas, Casación resuelve que, aunque no lo quiera, quien debe investigar es el fiscal Franco.
Y así, desde hace tres años, el Poder Judicial sigue jugando a la escondida con la Justicia.
Mientras tanto, el poder político prefirió asegurarse la “gobernabilidad” de las fuerzas represivas desconociendo el secuestro. Arslanián, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Kirchner y otros funcionarios y voceros del gobierno dieron distintas versiones, que fueron, desde que Julio estaba “perdido” o “escondido” hasta que pertenecía a las fuerzas de seguridad. Todos abandonaron a Julio a su suerte, dejando el caso en manos de la policía bonaerense.
Por su parte, tanto la presidenta Cristina Fernández, como el vicepresidente Julio Cobos, pusieron un manto de silencio absoluto sobre el tema desde que asumieron. Es como si Julio López nunca hubiera existido. Y eso hace más indignante la lamentable comparación de la presidenta entre el secuestro de los goles y la desaparición de miles de compañeros durante la dictadura. Manifestamos nuestro total repudio a esas declaraciones que equiparan los negocios de algunos con los compañeros que enfrentaron el genocidio.
Tenemos razones más que suficientes para afirmar que la causa judicial paralizada y errante, no es más que el reflejo de la indiferencia del Poder Legislativo y de la política cómplice del Poder Ejecutivo. Tenemos razones más que suficientes para decir que han pasado tres años de impunidad y encubrimiento.
Y por eso
Exigimos al gobierno la aparición con vida YA! de Julio López y el Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro!
Pero no sólo en la causa por la desaparición de Julio se refleja la política del Poder Ejecutivo. Aunque Cristina Fernández, tal como lo hiciera Néstor Kirchner, hable todos los días de los compañeros desaparecidos, eso no cambiará la realidad:
Siguen sin ser exonerados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron durante la dictadura.
Siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices.
No se abrieron los archivos secretos de la dictadura.
No se anularon los decretos de indulto.
Siguen en peligro los testigos en las causas contra los genocidas. Así lo deciden los jueces generando la figura de testigo clave cuando procesan sólo a los represores que los sobrevivientes pudieron reconocer y no a todos aquellos que se desempeñaron en los campos de concentración. Así lo decide la Cámara de Casación Penal cuando excarcela a los genocidas.
La realidad es también que a más de seis años de la anulación de las leyes de impunidad, han sido condenados sólo 58 genocidas y la mayoría gozan de prisión domiciliaria, 3 fueron absueltos y uno, el prefecto Febrés, fue asesinado con cianuro por su propia fuerza, para que no rompiera el pacto de silencio.
Los jueces han paralizado, demorado o desguazado las causas contra los genocidas en cientos de expedientes en los que se investigan delitos aislados. El resultado de esta política es que en cada uno de los juicios se acusa a un puñado de represores por unas pocas víctimas intentando desdibujar la magnitud del exterminio que tuvo lugar en nuestro país durante la última dictadura militar.
En Mar del Plata, en un juicio en que se investigaba solo la desaparición de un compañero, los jueces Esmoris y Jarazo condenaron a uno de los represores a prisión domiciliaria y absolvieron al otro. A pesar de su enorme valor simbólico, el juicio por el “Negrito” Avellaneda y su madre es otro ejemplo; sólo dos casos, una ínfima porción de la megacausa Campo de Mayo, donde fueron secuestrados y torturados más de 5000 compañeros. Los seis genocidas juzgados fueron condenados a cárcel común y a Santiago Omar Riveros, jefe máximo de la Zona 4, se le impuso cadena perpetua, esto es un triunfo de la lucha inclaudicable de nuestro pueblo durante más de 30 años. Sin embargo, al igual que en Mar del Plata, los jueces vuelven a aplicar la teoría de la obediencia debida asignando penas escalonadas, de acuerdo a las jerarquías y desconociendo que los crímenes que juzgan fueron parte de un GENOCIDIO.
Por eso exigimos:
Cárcel común efectiva y perpetua a todos los genocidas por todos los compañeros
Y que se abran los archivos de la dictadura.
Julio está desaparecido hoy porque todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta Cristina Kirchner, mantuvieron lo esencial de la estructura represiva de la dictadura. Y la mantuvieron para utilizarla: para reprimir y para disciplinar al pueblo.
Es así que a los pobres se los disciplina persiguiéndolos por el solo hecho de serlo, deteniéndolos sin pruebas, torturándolos en las comisarías, hacinándolos en las cárceles, matándolos por gatillo fácil o desapareciéndolos como a Luciano González en Chubut y a Luciano Nahuel Arruga en Buenos Aires.
Arruga se ha convertido en el símbolo de la persecución y la brutalidad policial de la que son víctimas, todos los días, miles de jóvenes pobres en nuestro país. El 31 de enero personal del Destacamento Policial de Lomas del Mirador secuestró a Luciano, lo golpeó salvajemente y su familia nunca más lo volvió a ver. Tenía 16 años. En los meses previos, policías de ese destacamento le habían ofrecido que robara para ellos garantizándole protección. Luciano se negó y de allí en adelante el hostigamiento fue constante: detenciones, golpes y amenazas. Por eso, desde un primer momento la familia sospechó de la policía, sin embargo, Rosana Castelli, la primer fiscal que intervino en el caso, nunca siguió estos indicios.
Hoy la causa se encuentra en otra fiscalía y ya hay 8 efectivos que fueron separados de la fuerza pero ninguno de ellos está detenido. Durante 7 meses los familiares y amigos de Luciano junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos han realizado todo tipo de actividades para que este caso tome conocimiento público y para que el poder político dé respuesta, pero ni una ni otra cosa han podido conseguir. Los grandes medios de comunicación continúan ocultando el caso y Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, no sólo se ha negado sistemáticamente a recibir a la familia, sino que no ha dicho ni una palabra sobre esta desaparición, que implica a la propia policía bonaerense, la misma que está involucrada en la desaparición de Julio López.
A siete meses del secuestro, Luciano Arruga sigue desaparecido y no hay ningún detenido en la causa.
Exigimos su Aparición con Vida y el castigo de los responsables.
En la ciudad de Buenos Aires, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), bajo las órdenes de Macri, realiza el trabajo sucio de la Policía Federal antes de un desalojo y se ha fogueado golpeando a personas en situación de calle, atacando espacios culturales y huertas comunitarias.
Los legisladores del PRO, Frente para la Victoria, Partido Socialista, Autonomía con Igualdad y Encuentro Progresista votaron la ley que crea la Policía Metropolitana y que, además, no fija restricciones para sus integrantes. La unidad en el reclamo y la denuncia de miles y miles de porteños consiguió que el gobierno de Macri tuviera que retroceder en la designación del nefasto “Fino” Palacios, concretándose de esta manera un triunfo más de la lucha y la movilización del pueblo de la Ciudad. Hoy, es obligación de todos los legisladores derogar esa ley para no volver a pelear una y otra vez contra los mismos fantasmas.
Julio está desaparecido hoy porque están intactas lo esencial de la estructura represiva y la política de impunidad. Política de impunidad que quedó reflejada en los juicios por el atentado a la AMIA y por la masacre de Cromañon, donde se demostró la connivencia del poder judicial con el poder político. En Cromañon no se quiso juzgar el tema esencial: la corrupción del Estado y la impunidad con la que actuaron los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. La jueza Croto sobreseyó, sin siquiera citar a declarar, al principal responsable, Aníbal Ibarra; y el tribunal, de acuerdo con el fiscal, sólo condenó a dos funcionarios por incumplimiento en sus deberes, cuya pena máxima es de dos años. Además, en los últimos meses se han ido cerrando casi todas las causas que involucraban a funcionarios del Gobierno de la ciudad con la corrupción, pasando por alto que la corrupción mata. Seguimos exigiendo justicia verdadera para los pibes de Cromañon y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre.
Julio está desaparecido y los responsables de su secuestro siguen impunes, porque tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales-con la complicidad de la oposición de derecha-necesitan la estructura represiva para disciplinar también a los que luchan y lo hacen con patotas, con dirigentes sindicales traidores, con palos, con gases, con balas, y con nuevos procesados cada día.
El ejemplo más reciente es la brutal represión a los compañeros de Terrabusi que luchan contra los despidos, represión dirigida a defender los intereses de una empresa imperialista que se burla de las leyes argentinas. También fueron amenazados, reprimidos o procesados los compañeros de Indugraf, de Subterráneos, del INDEC, de FATE, de Massuh, los petroleros de Santa Cruz, los trabajadores de la empresa Cive de Córdoba y los de Mahle de Rosario. Más de 5000 compañeros tienen procesos pendientes por haber defendido sus derechos.
A todos ellos les hacemos llegar nuestra fraternal solidaridad, nuestro apoyo y nuestro compromiso de seguir exigiendo la prohibición por ley de los despidos y las suspensiones, una ley de amnistía o desprocesamiento de los luchadores populares y la libertad de los presos políticos.
Del mismo modo, desde esta histórica Plaza, que hoy reclama la aparición con vida YA de Jorge Julio López, saludamos la lucha del pueblo hondureño contra el golpe de estado pro imperialista, y repudiamos la instalación en territorio colombiano de siete bases militares norteamericanas.
Reafirmamos que el secuestro de Julio López fue posible porque sigue existiendo lo esencial del aparato represivo de la dictadura. De no haberlo desarticulado y de usarlo para reprimir al pueblo, son responsables los gobiernos, desde Alfonsín hasta Cristina Fernández.
Reafirmamos que si Julio todavía no apareció, es responsabilidad del Gobierno. Y que si la causa judicial se desarrolló para garantizar la impunidad de los secuestradores, es responsabilidad de todo el Estado, de los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, de los gobiernos provinciales de Solá y Scioli, de los jueces y de los legisladores.
Reafirmamos que la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida es una conquista de la lucha inclaudicable de los organismos de DDHH, de las organizaciones obreras, estudiantiles y políticas, de la mayoría del pueblo, y que no vamos a permitir que ningún gobierno haga uso de estas luchas y sus logros para justificar sus políticas.
Saludamos que -a pesar de los gobernantes, que quieren cubrirlo con el olvido- desde la Quiaca hasta Ushuaia, aún en los lugares más recónditos, se encuentran siluetas de Julio, y que hoy se marcha en todo el país exigiendo su Aparición con Vida YA!
Saludamos que –a pesar de los genocidas, que quisieron borrar la lucha de la memoria popular-, todos los días, a lo largo y a lo ancho del país se siguen construyendo las organizaciones populares, los cuerpos de delegados, los sindicatos, que permitan alcanzar el país por el que lucharon y dieron su vida los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
COMPAÑERO JULIO LÓPEZ, PRESENTE!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS, PRESENTES!
