Justicia YA! reclamó ayer que se condene por el delito de genocidio a los siete represores que están siendo juzgados por crímenes cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura. Fundamentó que se trata de una calificación de los delitos cometidos -al igual que "delitos de lesa humanidad"- Exigió que los genocidas vayan adonde deben: a la cárcel común y efectiva. Solicitó que se proceda respecto del delito de genocidio del mismo modo que con los crímenes de lesa humanidad, tipificación ampliamente reconocida por los jueces a pesar de que tampoco está incorporada a la ley interna por lo que no se contempla pena alguna para los mismos, aplicándose las penas que prevé el Código Penal y respondiendo así al compromiso asumido por el país frente a la comunidad internacional.
Al finalizar el alegato, la sala se vio sacudida por una ausencia: "queremos recordar en este recinto un hecho que hoy nos demuestra que los fantasmas de la impunidad siguen instalados en determinados sectores sociales, ... mientras hoy y aquí estamos siendo absolutamente cuidadosos y celosos del cumplimiento de las garantías constitucionales de los imputados, ... las garantías de JORGE JULIO LÓPEZ siguen siendo salvajemente vulneradas desde hace exactamente 37 meses y 24 días."
Los doctores Luis Bonomi, Pedro Dinani y Liliana Molinari exigieron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que se condene a Reynaldo Bignone, Santiago Riveros, Fernando Verplaetsen, Jorge Osvaldo García y Carlos Tepedino a una pena de 50 años. Mientras que solicitaron para Eugenio Guañabens Perelló una sentencia por 42 años y 21 para Germán Montenegro. La querella reclamó que los represores sean alojados en cárcel común y efectiva por los delitos aberrantes que cometieron y por su peligrosidad para todos aquellos interesados en derribar el muro de impunidad que supieron construir. Para solicitar estas condenas, Justicia YA! se basó en que el delito de privación ilegal de la libertad de los compañeros cuyos casos se inevestigan en este juicio y continúan desaparecidos, es un delito que se sigue cometiendo en la actualidad y en consecuencia, debe aplicarse el Código Penal vigente hoy, que prevé esas penas.
"Esta querella, así como lo hizo desde el primer juicio contra crímenes de lesa humanidad, como lo hará en éste, y como lo seguirá haciendo en los que se sucedan, seguirá insistiendo, porque sabemos que el derecho nos acompaña, porque sabemos que la letra y el espíritu de las normas nos legitiman y porque también nos legitiman las voces de los desaparecidos que no son otra cosa que los testimonios de los sobrevivientes, en pretender que a las cosas se las llame por su nombre: que si se pudo reconocer que en la Argentina hubo un genocidio, esa conducta criminal existe y es real, y si esa conducta criminal existe y es real y se llama genocidio, lo único que falta definir aquí es el autor, y un genocidio es perpetrado sólo y únicamente por un sujeto –integrante del aparato del Estado- al que se lo califica como GENOCIDA", manifestaron los abogados de Justicia YA!
Asimismo, se refirieron a los recientes dichos -en un encuentro sobre genocidio celebrado en París- del subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén. El funcionario había afirmado: "Una sentencia, además de un fallo judicial que establece responsabilidad y tipifica conductas, es también un relato histórico. Y en ese relato histórico uno puede y debe recurrir a otras disciplinas para decir con todas las letras que lo que pasó en la Argentina también es un genocidio, con otras características que la Shoá, pero con muchos puntos en común y de una extrema gravedad". Los letrados remarcaron la pertinencia de esos dichos aunque reclamaron que además de enunciarlo en París, el Gobierno nacional debe defenderlo y aplicarlo en los juicios que se llevan a cabo en Argentina. Quienes presenciaban la sesión estallaron en aplausos.
Se espera que el Tribunal dicte sentencia durante el mes de marzo.
Las audiencias se desarrollan en la Sociedad de Fomento "José Hernández", ubicada en Hipólito Yrigoyen 4595, Florida.
Contactos de Prensa:
- Luis Bonomi, Abogado del CeProDH, 15 5057 7942
- Liliana Molinari, Abogada del CODESEDH, 15-51766480
- Pedro Dinani, Abogado de la LADH, 15 3343 7730
