Nuevamente, a puertas cerradas, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 dio inicio a un juicio contra genocidas. Esta vez se sentó en el banquillo Jorge Carlos Olivera Róvere, responsable de todos los centros clandestinos que funcionaron en Capital Federal. Deberá ser juzgado por cuatro homicidios y más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad. A las 12 en punto salió a escena el controvertido TOF 5 encabezado por el juez Daniel Obligado. Segundos después, ingresó a la sala el genocida Jorge Carlos Olivera Róvere a quien se lo enjuiciará en los próximos meses por más de un centenar de crímenes cometidos en la Capital Federal durante la última dictadura.
Antes de que Olivera Róvere se sentara, el fotógrafo de la agencia Télam- seleccionada por el Tribunal para tomar fotografías de la audiencia- fue desalojado entre golpes. Al reportero gráfico sólo le habían concedido tres minutos para registrar imágenes. Eso sí, podía hacerlo antes de que empezara la audiencia. Cuando intentó fotografiar al represor, el secretario del juzgado, Martín Schwartz, se lo impidió tapándole la lente de la cámara con la mano. Quienes estaban en la sala estallaron para denunciar el atropello.
Una situación similar había sucedido anteriormente con el camarógrafo de canal 7, señal elegida para filmar las sesiones y distribuir el material entre los demás canales. El TOF no sólo le impedía al trabajador de prensa utilizar la cámara del canal para que trabaja sino que lo obligaba a emplear la que es generalmente usada por la Policía Federal. El tiempo de filmación también era de tres minutos así que Canal 7 decidió retirarse.
De modo que, Olivera Róvere no fue filmado y sólo se logró una fotografía de alto valor periodístico y baja calidad por los empujones a los que era sometido el fotógrafo. Desde Justicia YA! denunciaron que más allá de la directiva de la Corte sobre la difusión del juicio, el Tribunal mantuvo su modus operandi. "Montó una parodia destinada a hacer creer que cumplía con la acordada de este máximo Tribunal cuando en realidad una vez más estaba impidiendo la publicidad de este proceso", denunciaron.
Quién es Olivera Róvere
Jorge Carlos Olivera Róvere fue en 1976 segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército y mano derecha del represor fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason. Además, revistió como jefe de la subzona Capital Federal, quedando bajo su responsabilidad todos los centros clandestinos de detención que funcionaron allí.
El represor de 82 años está siendo enjuiciado por cuatro homicidios, 120 casos de privación ilegal de la libertad y algunos de aplicación de tormentos. Está imputado por la privación ilegal de la libertad y homicidio de Raúl Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Alen Whitelaw, todos dirigentes uruguayos. En este juicio, también se juzgará la desaparición del escritor Haroldo Conti.
En una segunda etapa del proceso, se unificará el juzgamiento de Olivera Róvere con otro tramo de la megacausa Primer Cuerpo, el de jefes de área de la subzona Capital Federal. Se le sumarán en el banquillo el general de brigada Teófilo Saa, el teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el general de división Rodolfo Whener.
Una defensa consecuente
Olivera Róvere está siendo defendido en el juicio por gente de experiencia. Tiene su representación Norberto Giletta, quien juez durante la dictadura. Actualmente patrocina a represores de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y en 2007 auspiciaba que el ataque realizado en 1976 a Superintendencia Militar por parte de Montoneros fuera considerado un crimen de lesa humanidad.
Alerta: Otro genocida en libertad
Olivera Róvere llegó en libertad al juicio, gracias a que dos años atrás la Cámara de Casación Penal decidió su excarcelación. El Tribunal Oral Federal 5, integrado por Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo, decidió mantenerle ese privilegio. La Fiscalía asintió en nombre del Estado, más allá de las supuestas directivas del Poder Ejecutivo para asegurar la cárcel común a todos los genocidas.
Días atrás, Justicia YA!- como cabeza de querella en la causa- había enunciado el privilegio del represor y exigió que sea trasladado a una cárcel común. "Existe riesgo de comisión de nuevos delitos dada la existencia de un aparato de criminalidad que hasta el día de hoy opera como mecanismo de intimidación de testigos. Debemos acaso recordar que hace dos años y cinco meses que Jorge Julio López se encuentra desaparecido. Su desaparición aún sigue impune, y esa impunidad constituye en sí misma una amenaza para quienes fueron víctimas del genocidio, y ahora testigos en estas causas", manifestaron los abogados Liliana Mazea y Pedro Dinani en el escrito.
El defensor de Olivera Róvere afirmó que no existe ni la más remota posibilidad de que su defendido se profugue dado que si quisiera evadirse del país, se mantendría su orden de captura en el exterior y su obligación de dar cuenta de sus crímenes ante otros tribunales. "Eso es mentira porque el hijo de Olivera Róvere, Jorge Olivera, estuvo prófugo durante ocho años en la Argentina. Recién lo detuvieron hace unos meses", afirmó Mazea.
 Jorge Olivera (H) |
Jorge Olivera hijo también tiene su reputación. Como relata Página/12, supo convertirse en un hombre multifacético. Fue abogado de Suárez Mason. En agosto de 2000 se convirtió en el primer militar arrestado en el exterior, sin contar a Adolfo Scilingo, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Su detención, concretada en Roma, fue pedida por la Justicia francesa por el secuestro de Marie Anne Erize Tisseau, ocurrido en octubre de 1976 en San Juan. Logró salir de la cárcel presentando un certificado de fallecimiento de Erize que, en realidad, era la constancia de un trámite iniciado en el Registro Civil porteño, que fue adulterado con sellos falsos. La Corte Suprema de Casación de Italia impugnó la utilización de ese documento, pero Olivera ya había regresado a Buenos Aires. Según la revista Trespuntos, su liberación tendría relación con los contactos de la logia P2. Una nota de Il Manifesto lo calificó como "uno de los carniceros responsable de 30 mil desapariciones", integrante del Operativo Independencia, para más datos. En democracia, el ex mayor participó en los levantamientos carapintadas y fue apoderado del MODIN de Aldo Rico. Ahora, está detenido por crímenes cometidos durante la dictadura.
Contactos de prensa:
Liliana Mazea, abogada de FIDELA, 15-5816-9178
Luis Bonomi, Abogado del CeProDH, 15 5057 7942
Pedro Dinani, Abogado de la LADH, 15 6588 1616
